SANTO DOMINGO.- Varias organizaciones de Nagua salieron este jueves en defensa de la jueza Salma Bonilla Acosta, quien recientemente condenó a seis meses de cárcel y un millón de pesos de indemnización al periodista Johnny Alberto Salazar, por supuesta "difamación" e "injurias, y a quien insisten acusan de "dañar honra ajena".Los grupos comunitarios, religiosos, educativos, estudiantiles, incluyendo el Falpo y la Asociación de Tablajeros, indican que es de conocimiento público que "el referido proceso judicial, se ha llevado a cabo respetando el debido proceso de ley, donde los jueces que participaron de su conocimiento, respetaron y garantizaron todos sus derechos y garantías constitucionales, de las partes envueltas en el litigio, sobre todo aquellos derechos inherentes a la persona procesada".
Sin embargo, los firmantes del documento, algunos "de orden" y sin sellos gomígrafos, no observaron que la magistrada Bonilla Acosta, impidió el trabajo de los periodistas en el conocimiento del juicio de fondo y el día que daría lectura a la sentencia permitió que en la sala de audiencia, abogados y alguaciles exhibieran carteles a su favor, mientras se limitaba la entrada al palacio de Justicia de Nagua de los partidarios del Padre Rogelio Cruz y Johnny Alberto Salazar dirigentes del Movimiento Se Puede.
La magistrada Salma Bonilla basó su condena en el testimonio de dos personas que dijeron haber escuchado a Salazar "difamar" al abogado Baldera, quien dice ser defensor de los derechos humanos. Los documentos y grabaciones presentados al tribunal fueron descartados por no estar procesado de acuerdo al proceso de ley.
El documento, remitido a VIGILANTEINFORMATIVO.COM por la dirigente magisterial María Teresa Cabrera, indica que "la libertad de prensa y la libertad de expresión y difusión del pensamiento tienen sus límites establecido en la Constitución y en las ley que la regula".
Los firmantes del documento, que reproducimos íntegramente más adelante llaman al periodista Johnny Alberto Salazar a que "reflexione, modere su comportamiento como comunicador y haga un uso adecuado de los medios de comunicación que el Estado le ha facilitado".
Entre las personas y organizaciones que firman el documento de defensa a la jueza que permitió una manifestación en su favor en la sala de audiencia de la Cámara Penal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el día del Natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, se encuentran Fidia David Cuevas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa; Ramón Enrique Amparo Paulino, director del CURNA; Johann Damian Guzmán García, de la Cámara de Comercio y Produccción de María Trinidad Sánchez; Angel Librado Sánchez, de la Fundación Máximo Gómez; el pastor Tomás de Jesús y Napoleón Vásquez Aponte de la Iglesia Metodista Libre; los diáconos Expedo García y Héctor Guzmán, de las iglesias La Altagracia y Santísima Trinidad.También la Asociación de Estudiantes Universitario del CURNA; Joel Veras, del Codia; Atenas Cabral Viuda Estrella, del Patronato Ayuda Discapacitados Nagua; Adriano Taveras Capellán, del Colegio de Abogados, Seccional MTS; el Colegio Médico Dominicano Nagua; Francisco Lantigua, de la Junta de Vecinos José Lucas; Feliz Salazar, de la Asociación de Comerciantes Detallistas de Nagua; Amado Mercedes, del Movimiento Las 5D; William Cabrera, de la Federación de Clubes Deportivos de Nagua; Horacio Mata Estevez, de la Fundación Desarrollo San José de Villa; Dami Germán, de la Federación Juntas de Vecinos Nuevos Horizontes; Anderson Ulerio, del Feflas; Euclides Bello, de la Asociación de Tablajeros, Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel); Divina Aponte, de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Nagua, el abogado Ramón Virgilio Mejía.
A continuación el documento integro enviado a VIGILANTEINFORMATIVO.COM.
ABOGUEMOS POR LA LIBERTAD DE PRENSA Y DE EXPRESION Y DIFUSION DEL PENSAMIENTO SIN DAÑAR HONRA AJENA. A PROPOSITO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA POR DIFAMACION E INJURIA.
El pueblo de Nagua han sido testigo del manejo transparente e imparcial con que ha sido conocido el proceso judicial al comunicador Johnny Alberto Salazar en ocasión de una acusación presentada por un ciudadano que se sintió ofendido por este haberlo difamado e injuriado públicamente, culminando dicho proceso en una sentencia condenatoria en contra del comunicador, y cuyo proceso se encuentra pendiente de los recursos jurisdiccionales constitucionalmente establecidos, no obstante, la persona que no ha sido beneficiada con dicha decisión, ha pretendido hacer de un problema personal un problema nacional bajo el argumento de que se ha atentado contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento y la libertad de prensa.
Es de conocimiento público que el referido proceso judicial, se ha llevado a cabo respetando el debido proceso de la ley, donde los jueces que participaron de su conocimiento, respetaron y garantizaron todos sus derechos y garantías constitucionales de las partes envueltas en el litigio, sobre todo aquellos derechos inherente a la persona procesada.
La libertad de prensa y la libertad de expresión y difusión del pensamiento tienen sus límites establecidos en la Constitución y en la ley que la regula: el respeto al honor y a la dignidad de la persona. Por lo que cualquier persona que trascienda los límites establecidos en la Constitución y las leyes, son pasibles de ser procesada como ha sucedido en el caso de la especie, y la justicia le brinda la oportunidad de demostrar su inocencia conforme los procedimientos existentes. Y de ser condenado o no favorecido con una decisión puede válidamente utilizar las vías de los recursos para atacar la decisión rendida ya que es en los tribunales donde se demuestran los alegatos, no en los medios de comunicación.
De modo que cualquier actitud de arremeter contra la Juez Salma Bonilla Acosta y contra los abogados que representaron al Lic. Pedro Baldera Germán, parte acusadora, incurriendo en el mismo vicio por el que se le ha procesado, acusándola entre otras cosas indecibles e impublicables de violar sus derechos y garantías constitucionales, evidencia una extralimitación y un uso abusivo de la libertad de prensa y de expresión y difusión del pensamiento.
Es por todas esas razones que los abajo firmantes deseamos hacerle un llamado público al periodista Johnny Alberto Salazar para que reflexione, modere su comportamiento como comunicador y haga un uso adecuado de los medios de comunicación que el Estado le ha facilitado, esto último lo hacemos extensivo a todas las personas que hacen uso de los medios de comunicación. Somos defensores y partidarios de la libertad de prensa y de expresión y difusión del pensamiento, pero sin dañar honra ajena.
Santo Domingo, 01 de febrero de 2012.
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