Editorial de El CaribeLa comunidad periodística está alarmada, ante una sentencia claramente draconiana, emitida por una jueza de Nagua, que condena al periodista Johnny Salazar a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de un millón de pesos, por el cargo de violación de la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento.
Esta decisión de la magistrada Salma Bonilla hace recordar resoluciones administrativas durante el mandato de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, que conculcaban el derecho de las personas a ejercer la libertad de expresión por los medios electrónicos. Aquellos tiempos estaban signados por la intolerancia y el poder se utilizaba abusivamente contra los opositores. Entonces se invocaba la Ley 6132, la misma ley en que ahora se apoya la jueza Bonilla.
De acuerdo con informaciones provenientes de diferentes fuentes, el caso envuelve elementos típicos de los conflictos primarios que se producen en los pueblos, donde a veces no se obra en función de la ley, sino en atención a intrigas o confrontaciones en que los intereses particulares o políticos no están ausentes.
Salazar es un vibrante periodista que se ha dedicado a ejercer la comunicación comunitaria, y trata de promover los valores que entiende más sanos. Ha sido su misión de vida. Condenarlo en un juicio en el que no se presentaron elementos probatorios de violación de la ley constituye una injusticia.
El hecho de que la jueza negara el acceso de los medios a la audiencia y se precipitara con una sanción al límite de lo previsto en el artículo 33 de la ley, es decir, seis meses de prisión, es alarmante. De todas formas, Salazar tiene el derecho de apelar esa sentencia barbárica.
Esa decisión se convierte en un atentado a la libre expresión y tendrá que ser revocada. De lo contrario, estaríamos ante un retroceso que los dominicanos no estamos dispuestos a aceptar. El precio de la libertad ha sido muy caro para que se ordene el encierro de una persona, simplemente, por ejercerla.
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