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NAGUA.-El 24 de agosto la magistrada Carminia Caminero, determino reenviar un juicio abierto en contra del regidor Johnny Alberto Salazar y del sacerdote Rogelio Cruz, por presunta difamación e injuria, interpuesta por el “prestigioso” abogado Pedro Baldera quien reclama 5 millones de pesos de cada uno, un año de cárcel e impedimento de salida.
El tribunal acogió el pedimento de la parte de la defensa representada en los abogados Starlin López, Julián Mateo y Juan Pérez y Pérez, estos dos últimos enviados por el presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata Hatuey Decamps, entidad a la que corresponde la regiduría que ocupa Johnny Alberto Salazar.
El pedimento consintió en que se le permita documentarse en torno al expediente, en vista de que ha sido este día 24 de agosto cuando asumieron el caso que inicialmente defendía el abogado Julio Simón Lavandier.
La “prestigiosa” abogada de la parte acusadora Teonilda Gómez (LA JAYITA), no se opuso al pedimento.
Desde hace tres meses Pedro Baldera, pariente cercano del presunto secuestrado Eduardito Baldera ha pretendido tejer un plan en conjunto con otros sectores con el fin de inhabilitar a Johnny Alberto Salazar de una regiduría presentada por el Movimiento Se Puede que lidera el Padre Rogelio Cruz, en la boleta del Partido Revolucionario Social Demócrata.
El plan comenzó con involucrar tanto al Padre Rogelio como a Salazar en un expediente criminal, acusándoles de incitar a miembros de la policía para que “le den pa bajo a delincuentes”.
Inicialmente este plan no prospero del todo debido a que el Ministerio Publico lo rechazo, pero luego fue puesto en marcha otro plan formulando cargos por presunta difamación e injuria, cuyas pruebas son copias de noticias publicadas en el diario digital Vidadominicana.com, en los que reseña como hombres y mujeres de Nagua han sido víctimas de los delincuentes sin que aparezca alguien de “los derechos humanos” a defenderle.
Se recuerda que el nombrado Pedro Baldera se hace llamar representante de “los derechos humanos” y ha sido cuestionado porque al igual que en otros lugares solo ha salido en defensa de confesos malhechores que han llevado luto y dolor a numerosas familias.
Con la fijación del juicio Pedro Baldera, envió bajo notificación de alguacil una documentación con la que reclamo del Concejo de Regidores, suspender a Salazar como Concejal, lo que fue hecho de forma irregular por una cuestionable Sala Capitular, conformada el pasado 16 de agosto.
Los abogados enviados por Hatuey Decamps Julián Mateo y Juan Pérez y Pérez, definieron las acusaciones como temerarias y carentes de base legales, en tanto que sobre la suspensión explicaron que ningún organismo está por encima del soberano que es el pueblo ni mucho menos de Constitución de la Republica.
Manifestaron que en cuestión de días demostraran en donde está la verdad y razón.
Los abogados estuvieron acompañados del vicepresidente nacional del PRSD el licenciado Luis Felipe Cartagena, quien asumió la defensa política del caso tras recibir instrucciones del presidente de la organización Hatuey Decamps.
