Santo Domingo.- La Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) solicitó a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y a la Procuraduría General de la República la depuración de los 16,321 candidatos que fueron inscritos para participar en las próximas elecciones.
La medida pretende evitar que en la política se infiltren personas vinculadas a actos delictivos, principalmente al narcotráfico.
La Cámara Administrativa hizo la solicitud mediante misivas remitidas al procurador general de la República, Radhamés Jiménez, y al director de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, a quienes les requirió un informe sobre el estatus legal de cada candidato, para determinar si alguno está inhabilitado.
El organismo de la JCE proporcionó a esas instituciones una relación con los nombres de los candidatos, los cargos para los que son postulados, número de cédulas y la localidad por la que aspiran, pero sin especificar partidos.
La información sobre los candidatos inscritos fue remitida por la Cámara Administrativa a esas instituciones en formato digital.
La verificación
Los partidos inscribieron 131 candidatos a senador, 780 a diputado, 604 a alcalde, 607 a vicealcalde, 4,961 a regidor, 4,837 a director de Distrito Municipal, 775 a subdirector de Distrito Municipal, 2,450 a vocal de Distrito Municipal, 71 a diputado nacional, 173 a diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 158 a suplente del Parlacen, para un total de 16,321.
En las comunicaciones, el presidente de la Cámara Administrativa precisa que se realiza para recibir de esos órganos del Estado cualquier información que cause la inhabilidad de algún candidato.
“El motivo de la presente es solicitarle se sirva tener a bien verificar que los mismos no se encuentran afectados de las inhabilidades establecidas en la Constitución y las leyes de la República”, indica la comunicación, firmada por Rosario y fechada del 30 de marzo.
La Cámara Administrativa remitirá la información que le suministren esas dos instituciones al Pleno de la JCE o al órgano electoral correspondiente, para que en caso de que haya una sentencia definitiva con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, esa persona sea inhabilitada, y el partido tendrá el derecho de sustituirla.
Esa información también le será notificada a los candidatos que resulten inhabilitados y al partido que los postula.
PLAZO LEGAL Y LA BOLETA ELECTORAL
La Cámara Administrativa, compuesta por Roberto Rosario, quien la preside, César Féliz y José Ángel Aquino, espera que ambos órganos del Estado en los próximos días le envíen los datos correspondientes sobre la situación de cada candidato.
“Mucho le agradeceremos informar a la mayor brevedad posible, debido a que el plazo legal para la confección e impresión de la boleta electoral que será utilizada en dichos comicios está muy próximo a la fecha de vencimiento”, puntualiza en las cartas.
La iniciativa forma parte del esfuerzo de la JCE por garantizar que las personas que resulten electas en las funciones congresuales o municipales sean de una trayectoria y de una vida ejemplar, que no estén contaminadas o afectadas por esa influencia nociva.
Se supo que Rosario se reunió el pasado martes con el presidente de la DNCD, quien habría manifestado satisfacción por esa iniciativa de la Cámara Administrativa y garantizó que en los próximos días entregará a la JCE la información solicitada.
Esa verificación permitirá que la ciudadanía tenga una verdadera información de los niveles de la influencia que el narcotráfico pudiera tener o no en la política.
