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SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de la provincia Santo Domingo anunció hoy que solicitará declarar complejo el caso seguido a ocho personas sospechosas de asesinar a cuatro hombres en el kilómetro 29 de la Autopista Duarte.
Así lo informó el fiscal adjunto Pedro Valarza a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción que conocen un recurso de apelación a la decisión del magistrado del Tercer Juzgado de la Instrucción que dejó en liberta al grupo.
El fiscal adjunto, en compañía de la procuradora adjunta Mayra Díaz adelantaron al tribunal que pedirán que el caso sea declarado complejo, debido a la estructura criminal que lo compone.
Asimismo, Valarza dijo que mediante el rastreo telefónico el imputado Delvi Martínez Moreta hizo una llamada a un recluso en el penal La Victoria que planificó el hecho desde el recinto, informándole que le guardara una cama porque pronto se verían ahí, a lo que el presidiario le preguntó que si había problema, porque si había que quitar a alguien del medio se hacia de inmediato.
Debido a la situación, según el fiscal adjunto los investigadores del caso temen por su vida.
En sus conclusiones el ministerio público pidió a los jueces Olga Herrera Carbuccia, Carmen Fortuna Beliard y Wendy Martínez revocar la orden de libertad emitida a favor de Miguel Alfonseca Soto, Daniel de los Santos Gutiérrez, Deybi Marte, Rafael Pimentel Beltré, Engel Mejía Mañón, Carlos Manuel Zabala y Manuel Fernández (Picú) y que en consecuencia dictar prisión preventiva en su contra para se enviados al penal La Victoria.
Los fiscales adjuntos pidieron además a los jueces, en cuanto al primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Carlos Hernández Monte de Oca y Engel Soto Pimentel, también vinculados al hecho de sangre pidieron presentación periódica por ante el ministerio público.
El grupo está acusado de asesinar a 12 personas y de herir a otras siete en distintos barrios de la capital.
El fiscal de la provincia de Santo Domingo, Perfecto Acosta, afirmó que existían pruebas más que suficientes para mantener en prisión y condenar a 20 ó 30 años de prisión a los ocho acusados.
“Había pruebas suficientes para que a todos los sicarios se les diera prisión preventiva”, dijo Acosta, quien rechazó los argumentos del juez del Tercer Juzgado de la Instrucción de esa provincia, René del Rosario, de que el expediente fuera torpe y mal instrumentado.
Acosta expresó que la Fiscalía consta con una serie de pruebas materiales, testigos y actas que avalan la prisión preventiva y posterior juicio de fondo para los implicados.
El señor José Amable Díaz Domínguez, padre de Elvin Noel Díaz Domínguez, una de las víctimas, y la señora Antonia Valdez, madre de Leonardo Paulino, pidieron al tribunal por separado que se haga justicia porque no fueron cerdo a los que mataron.
Pidieron que se revoque la orden de libertad y sean enviados de nuevo a prisión. Los jueces salieron a deliberar tras escuchar la parte.