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La magistrada Rosanna Vásquez ordenó la libertad, al variar la medida de coerción e imponerle el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica por ante el ministerio público que tiene a su cargo la investigación.
De inmediato los abogados Carlos Olivares y Félix Portes explicaron que la garantía económica será pagada en la modalidad de contrato, consistente en una póliza de 450 mil pesos.
Garantizaron que su defendida, quien a su salida del tribunal rehusó hablar con los periodistas, en medio de un tumulto de la seguridad de la cárcel de Najayo, acudirá a todos los requerimientos que le hagan los tribunales.
Durante la vista de la revisión de la medida de coerción el fiscal adjunto Manuel Esterlin Pérez, adscrito al Departamento de Tráfico y Consumo de Droga de la Fiscalía, pidió al tribunal rechazar la solicitud hecha por la defensa, en consecuencia mantener la prisión preventiva dictada por la Jurisdicción Permanente que la envió a Najayo por un año.